El panorama político dominicano se ve nuevamente agitado tras el arresto de Ethian Vásquez Amaranta, exesposo de la diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Romana, Jacqueline Fernández Brito, quien enfrenta un proceso de extradición hacia Estados Unidos, solicitado por una corte de Puerto Rico por supuesta participación en la venta de sustancias controladas a un agente federal en el año 2021.
De acuerdo con informaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), este martes la Suprema Corte de Justicia conoció la audiencia de medida de coerción en la que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Vásquez, en el marco del proceso de extradición.
Frente al impacto mediático y político del caso, la diputada Fernández Brito reaccionó de inmediato mediante un comunicado oficial, en el cual dejó claro que no mantiene vínculo alguno con el imputado, precisando que ambos se encuentran “separados de hecho” y que han seguido “caminos distintos desde hace tiempo”, sin convivencia ni responsabilidades comunes.
El caso ha generado reacciones en distintos sectores políticos, particularmente dentro de la oposición. El diputado Rafael Castillo, del partido Fuerza del Pueblo (FP), manifestó que la situación refleja “una falta de control interno” dentro del oficialismo y pidió a los partidos realizar una “profilaxis ética” para evitar la infiltración de personas vinculadas al crimen organizado.
Por su parte, el diputado José Alberto Jiménez, también de la Fuerza del Pueblo, consideró que estos hechos “no son una sorpresa bajo la actual administración” y advirtió sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación dentro de los partidos.
En defensa de la diputada Fernández Brito, la legisladora Tayluma Calderón (PRM) valoró positivamente la rapidez con que se emitió el comunicado, destacando que “su respuesta fue transparente y oportuna, antes incluso de que el escándalo tomara proporciones mediáticas”, subrayando que el caso debe verse como una oportunidad para “sanear las estructuras políticas y garantizar transparencia en las campañas”.
La situación judicial de Ethian Vásquez Amaranta mantiene en expectativa al ámbito político nacional, mientras se aguarda la decisión de la Suprema Corte respecto a su posible extradición. El caso reabre el debate sobre la penetración del narcotráfico en sectores del poder político y la urgencia de reforzar los controles éticos dentro de las organizaciones partidarias.
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