Al cumplirse siete meses del colapso de la discoteca Jet Set, familiares, sobrevivientes y amigos de las víctimas realizaron un acto simbólico en memoria de los fallecidos, reiterando su reclamo de justicia y transparencia en el proceso judicial que se sigue contra los responsables del siniestro ocurrido en abril pasado.
La actividad tuvo lugar en los alrededores del antiguo establecimiento nocturno, donde el padre Rogelio Cruz, sacerdote salesiano, encabezó una ceremonia religiosa en la que realizó un bautizo simbólico en honor a las personas que perdieron la vida durante el derrumbe.
“Pedimos que este caso no se quede en el olvido. La justicia debe ser clara, sin privilegios y aplicarse a todos los involucrados. Las familias de las víctimas merecen respuestas”, manifestó el padre Rogelio durante la ceremonia.
Sobrevivientes y familiares piden acelerar el proceso judicial
Entre los asistentes se encontraba Ana María Fernández, una de las sobrevivientes del colapso, quien reiteró su llamado a las autoridades para que el caso avance con mayor rapidez.
“Han pasado siete meses y todavía no vemos resultados concretos. Pedimos que el proceso judicial avance y que se haga justicia por todas las vidas que se perdieron”, expresó Fernández con evidente pesar.
Ministerio Público presenta acusación formal
El Ministerio Público presentó recientemente la acusación formal y el requerimiento de apertura a juicio contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, quienes enfrentan cargos por presunta negligencia y violaciones a normas de seguridad que derivaron en el colapso del establecimiento.
Ambos imputados continúan bajo medidas de coerción de presentación periódica e impedimento de salida del país, mientras las autoridades judiciales avanzan en la etapa de evaluación de pruebas y testimonios.
El hecho que marcó a la sociedad
El colapso de la discoteca Jet Set ocurrió en abril de 2025, provocando la muerte de varias personas y decenas de heridos. El incidente conmocionó a la sociedad dominicana, generando fuertes cuestionamientos sobre los controles estructurales y permisos de operación del establecimiento.
Desde entonces, los familiares de las víctimas han mantenido vivo su reclamo, organizando actos conmemorativos y marchas pacíficas con el objetivo de mantener el caso en la memoria colectiva y exigir una sentencia ejemplar que evite hechos similares en el futuro.
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