La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su respaldo al Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, al considerar que constituye una iniciativa moderna, coherente y respetuosa de los principios democráticos, que busca adecuar el marco normativo nacional a los desafíos del siglo XXI.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, destacó en una comunicación dirigida a la presidenta de la Comisión Especial del Senado, Aracelis Villanueva, que el proyecto representa “un paso firme hacia la consolidación de un sistema comunicacional transparente, plural y garantista”, enfocado en fortalecer la libertad de expresión y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Según la organización, uno de los puntos más relevantes del proyecto es su tratamiento de las plataformas digitales —como X, Instagram y Facebook—, al establecer un marco regulatorio que promueve la transparencia y el respeto al debido proceso sin caer en prácticas de censura.
“El texto propone mecanismos claros de notificación y defensa (Artículos 20 y 21), obligando a las plataformas a comunicar sus cambios de políticas en idioma español y a ofrecer vías de recurso a los usuarios. Esto refuerza la seguridad jurídica y protege el ejercicio responsable de la libertad digital”, subrayó Castaños Guzmán.
FINJUS consideró que la iniciativa no busca limitar la libertad de expresión, sino protegerla mediante reglas claras y justas que prevengan abusos y campañas de desinformación, garantizando un entorno digital equilibrado y confiable.
Asimismo, la fundación valoró positivamente la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que sustituirá a la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), calificándola como una de las transformaciones más importantes del proyecto.
“El INACOM representa una renovación institucional profunda, que transfiere el modelo de control hacia un modelo de garantía y cumplimiento, más técnico y adaptado a los tiempos actuales”, indicó FINJUS.
El nuevo organismo, de carácter descentralizado y adscrito al Ministerio de Cultura, tendrá la responsabilidad de supervisar tanto a los medios tradicionales como a las plataformas digitales, garantizando el equilibrio entre regulación, innovación y derechos ciudadanos.
FINJUS también destacó el marco de garantías judiciales que contempla el proyecto, especialmente en lo relativo a la desindexación digital (retiro de contenidos de buscadores), que solo podrá ordenarse mediante una decisión judicial, tal como establece el Artículo 23.
“Este elemento constituye una salvaguarda esencial frente a la censura discrecional y refuerza la independencia del Poder Judicial”, afirmó la organización.
Finalmente, la fundación concluyó que la propuesta legislativa representa “un avance significativo hacia la modernización del derecho de la comunicación en la República Dominicana”, alineando la normativa nacional con los estándares internacionales de libertad de expresión y derechos digitales, y promoviendo un ejercicio más responsable, plural y democrático de la información en el país.
