La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, fijó para el 17 de noviembre a las 9:00 de la mañana la audiencia del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros implicados en la Operación Camaleón, caso que involucra presuntos delitos de corrupción administrativa, fraude y lavado de activos.
La decisión fue adoptada luego de que la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, apoderara a ese tribunal del expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que acusa a diez personas físicas y siete empresas de integrar una estructura delictiva que habría operado dentro del INTRANT y el Ministerio de Defensa.
Entre los acusados figuran Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas vinculadas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
De acuerdo con la acusación, los imputados habrían conformado una red dedicada al fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje tecnológico, falsificación de documentos, contrabando y lavado de activos, mediante contratos irregulares relacionados con la red semafórica y los sistemas de videovigilancia del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público asegura que el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi) fungía como eje central del entramado, utilizando sus empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix para desviar fondos públicos y realizar operaciones financieras ilícitas.
El expediente también señala que Hugo Beras, en su calidad de director del INTRANT, habría facilitado adjudicaciones fraudulentas y manipulado procesos de licitación a favor de empresas del esquema.
El caso fue declarado complejo en octubre de 2024 por la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción contra los principales acusados.
El próximo 17 de noviembre, la audiencia preliminar determinará si existen méritos suficientes para enviar a los imputados a juicio de fondo, en uno de los expedientes más relevantes sobre corrupción administrativa y tecnológica en el país.
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