El abogado José Martínez Hoepelman, representante legal de la exfuncionaria Princesa Alexandra García Medina, cuestionó la actuación del Ministerio Público en el proceso judicial del caso Calamar, asegurando que el órgano acusador ha actuado con parcialidad y vulnerando derechos fundamentales.
Durante su intervención en la audiencia celebrada este jueves, Hoepelman afirmó que el Ministerio Público “decidió perdonar a culpables e imputar a inocentes”, al tiempo que denunció un manejo selectivo del expediente que afecta a funcionarios que actuaron conforme a la ley.
“El Ministerio Público imputó a quien dijo la verdad y perdonó a quienes admitieron supuestas irregularidades por miles de millones de pesos”, expresó el jurista.
El abogado explicó que su defendida, Princesa Alexandra García Medina, exdirectora del Departamento de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, fue inicialmente tratada como testigo, pero luego arrestada tras su regreso al país.
“Le solicitaron que afirmara hechos que no había visto ni vivido; su negativa a mentir para acomodar la versión del Ministerio Público la trajo hoy a este tribunal”, agregó Hoepelman, calificando el proceso como una “grosera violación de derechos fundamentales”.
Asimismo, criticó que el Ministerio Público haya mantenido en libertad a personas que reconocieron responsabilidades directas en supuestas operaciones irregulares, mientras se persigue judicialmente a servidores públicos inocentes.
“Es un patrón que se repite en este proceso: los verdaderos culpables fueron premiados y los servidores públicos honestos, castigados”, afirmó el abogado.
El defensor sostuvo que la acusación contra García Medina carece de sustento jurídico y refuerza la tesis de una persecución basada en criterios políticos y no en pruebas verificables.
La exposición de Hoepelman se suma a las declaraciones de otras defensas que han cuestionado la falta de objetividad y la manipulación de pruebas en el proceso judicial, señalando que el expediente del caso Calamar refleja un tratamiento desigual entre los acusados.
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