Un comunicado emitido por la empresa de transporte Utrasars SRL, en el que se prohíbe a sus choferes transportar ciudadanos haitianos en la ruta Santiago Rodríguez–Santiago, ha desatado una fuerte controversia social y jurídica en el país.
El documento, fechado el 20 de octubre de 2025 y firmado por “La administración”, advierte que los conductores que incumplan la medida serán notificados ante el Ministerio de Trabajo, lo que ha sido interpretado por varios empleados como una amenaza a su estabilidad laboral.
El texto establece de forma literal: “Queda totalmente prohibido montar nacionales haitianos en nuestras unidades”, una disposición que diversos sectores consideran discriminatoria y contraria a los principios constitucionales de igualdad y dignidad humana.
Rechazo y preocupación
Organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios han manifestado su rechazo ante lo que califican como un acto de discriminación racial y violación al derecho al libre tránsito.
Algunos choferes, que solicitaron el anonimato, aseguraron sentirse presionados. “No todos los haitianos son ilegales ni delincuentes. Muchos solo buscan trabajar o visitar familiares”, expresó uno de ellos.
Llamado a las autoridades
Líderes religiosos y representantes sociales de Santiago Rodríguez han solicitado la intervención de las autoridades competentes para revisar la legalidad del comunicado y garantizar que no se fomente la xenofobia ni la exclusión en el transporte público.
Expertos en derecho laboral recordaron que ninguna empresa privada está autorizada a prohibir el acceso de pasajeros por razones de nacionalidad, ya que esto viola disposiciones constitucionales y tratados internacionales suscritos por el país.
El caso ocurre en medio de un contexto de mayor tensión migratoria en la zona fronteriza, donde se han incrementado los controles y las deportaciones de ciudadanos haitianos.
El hecho ha reavivado el debate sobre la necesidad de políticas públicas que regulen la migración de manera justa, sin vulnerar los derechos humanos ni poner en riesgo la convivencia social.
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