“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana defenderá siempre el principio constitucional de dignidad humana.”
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) exigió este jueves al Consejo del Ministerio Público abrir una investigación inmediata y exhaustiva sobre presuntas irregularidades cometidas por los Abogados del Estado en actuaciones vinculadas a procesos de desalojo en la jurisdicción inmobiliaria.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana, doctor Manuel María Mercedes Medina, advirtió que estas acciones vulneran derechos fundamentales y lesionan garantías constitucionales reconocidas por la Constitución de la República Dominicana y por los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano.
El jurista señaló como ejemplo un reciente desalojo ocurrido el pasado viernes en el barrio La Virgen, municipio Santo Domingo Norte, el cual según denunció fue ejecutado de manera irregular y con uso excesivo de la fuerza, afectando a familias con títulos legítimos de propiedad.
Ante la gravedad de los hechos, el doctor Mercedes Medina anunció la interposición de una querella formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y otra ante la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el objetivo de determinar responsabilidades tanto administrativas como penales por las actuaciones arbitrarias denunciadas.
La entidad reafirmó su compromiso con la defensa del Estado social, democrático y de derecho, recordando que los derechos de propiedad y la dignidad humana están protegidos por la Constitución y que ninguna autoridad puede actuar al margen de la ley.
Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana instó a la procuradora general de la República, doctora Miriam Germán Brito, a conformar una comisión investigadora independiente que determine las circunstancias de estos hechos y sancione a los funcionarios responsables, garantizando así la transparencia institucional y la protección de los derechos constitucionales de los afectados.
About the Author
