El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este jueves que el órgano acusador presentará todas las pruebas necesarias para demostrar la responsabilidad penal de los once agentes policiales implicados en la muerte de cinco hombres durante un operativo en el sector La Barranquita, de Santiago.
La audiencia de medida de coerción, que estaba pautada para este jueves, fue aplazada para el martes 14 de octubre, a solicitud de la defensa. No obstante, Camacho indicó que el Ministerio Público estaba preparado para sustentar su solicitud, y advirtió que la acusación podría agravarse a medida que avancen las investigaciones.
“A medida que se profundizan las pesquisas, la calificación jurídica del caso se agrava. La acusación penal será mucho más severa”, expresó Camacho al salir del tribunal.
Cargos y calificación del caso
Los once agentes enfrentan acusaciones por asociación de malhechores y homicidios voluntarios, delitos que podrían conllevar penas superiores a los 30 años de prisión en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Las víctimas mortales fueron Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez, quienes murieron durante un presunto intercambio de disparos con los agentes.
Familiares reclaman justicia
Parientes de los fallecidos acudieron al Palacio de Justicia de Santiago y denunciaron abuso policial, exigiendo que el proceso se maneje con transparencia y sin privilegios.
“No queremos que esto quede impune como otros casos. Queremos justicia para nuestros hijos”, expresó entre lágrimas una de las madres de las víctimas.
Siguientes pasos
El tribunal conocerá el próximo martes si impone prisión preventiva u otra medida cautelar contra los acusados, mientras el Ministerio Público avanza en la recolección de pruebas balísticas, testimonios y peritajes forenses.
Camacho concluyó señalando que este caso es una prioridad para la Procuraduría General de la República, ya que representa un hecho grave que involucra el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden, un tema que —dijo— “no puede quedar sin consecuencias en un Estado de derecho”.
About the Author
