El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este martes que en septiembre se registraron al menos 212 acciones represivas contra ciudadanos en Cuba, entre ellas 39 detenciones arbitrarias, en lo que calificó como “un mes negro para la libertad de expresión”.
Según el informe mensual remitido a Infobae, el organismo documentó que desde enero de 2025 se han producido 2.462 acciones represivas, de las cuales 461 corresponden a detenciones arbitrarias.
“En septiembre, el régimen cubano profundizó la penalización de la libertad de expresión en redes sociales y en las manifestaciones pacíficas. Ha sido un mes negro para la libertad de expresión debido a las condenas y juicios”, subrayó el OCDH.
Manifestaciones y represión en Gibara
La mayoría de las detenciones de corta duración —27 en total— se vincularon con la manifestación pacífica del 13 de septiembre en Gibara (Holguín), donde decenas de ciudadanos salieron a las calles exigiendo “corriente y comida” y gritando consignas como “¡Libertad!” y “¡El pueblo unido jamás será vencido!”.
El OCDH indicó que la respuesta del régimen fue “represiva y desproporcionada”, con arrestos, hostigamientos, juicios sin garantías procesales y vigilancia policial en los hogares de activistas.
Las provincias más afectadas fueron La Habana, Holguín y Granma, donde se registraron 38 denuncias de abusos contra prisioneros políticos y sus familiares.
Condenas por publicaciones en redes sociales
El informe destacó los casos de Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero, condenados a 14 y 13 años de prisión, respectivamente, por los delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la seguridad del Estado”.
Asimismo, Félix Daniel Pérez Ruiz (5 años) y Cristhian de Jesús Peña Aguilera (4 años) fueron condenados por publicar en redes sociales una convocatoria a una manifestación pacífica que nunca llegó a realizarse.
“Estas penas son desproporcionadas y demuestran el uso del sistema judicial como herramienta de represión política”, advirtió la organización.
Caso de Julio César Duque de Estrada Ferrer
Otro de los casos que refleja la arbitrariedad del sistema, según el OCDH, es el de Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por los supuestos delitos de “desobediencia” y “atentado”.
Duque fue detenido el 5 de septiembre de 2024 en Santiago de Cuba, tras grabar con su celular una fila para comprar gas licuado. Un agente de la policía política le exigió detener la grabación y entregar su identificación; al negarse, fue forzado y arrestado violentamente, derivando en una acusación de agresión.
El OCDH calificó el proceso como “una farsa judicial”, señalando que el agente actuó “de forma ilegal y desproporcionada” y que “las fuerzas militares no deben ser empleadas para tareas de orden público”.
Más juicios y condenas
El Tribunal Municipal de Bayamo dictó además penas de entre tres y nueve años de cárcel a 15 ciudadanos por su participación en las protestas del 17 de marzo de 2024, bajo cargos de “desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir”.
Por otro lado, el OCDH recordó que en septiembre se celebró el juicio contra el intelectual José Gabriel Barrenechea Chávez, detenido desde noviembre de 2024, y exigió su liberación inmediata.
Llamado internacional
El Observatorio reiteró su petición a la comunidad internacional para que interceda por los presos políticos y exija al régimen cubano el fin de la represión sistemática contra la disidencia y la libertad de expresión.
“El régimen busca infundir terror ante su fracaso socioeconómico y su incapacidad para ofrecer soluciones reales”, concluyó el informe, que describe un panorama cada vez más grave para los derechos humanos en Cuba.
About the Author
