El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra once agentes policiales vinculados en la muerte de cinco hombres durante un incidente ocurrido a principios de septiembre en el sector La Barranquita, en Santiago.
En la instancia presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, la fiscalía sostiene que, inmediatamente después de los hechos, los policías sustrajeron los DVR de cámaras de seguridad y teléfonos celulares del lugar, con el propósito de obstruir la investigación.
Testimonio clave
El expediente recoge la declaración de Ramón Emilio Abreu Corona, propietario del establecimiento comercial Tecnopolis, quien aseguró que recibió múltiples llamadas de agentes solicitándole abrir el local, que se encontraba cerrado al momento del tiroteo.
Según Abreu Corona, al llegar al negocio observó los cadáveres en la vía pública y fue requerido por los policías para abrir el establecimiento. Una vez dentro, entre seis y ocho agentes habrían solicitado y retirado el DVR del sistema de seguridad, lo que constituye un elemento clave en la acusación del Ministerio Público.
El testigo agregó que los policías le manifestaron haber “prevenido un atraco” y le dijeron: “no sabe de la que se salvó”.
Solicitud de prisión preventiva
La fiscalía considera que la sustracción de pruebas técnicas, junto a la gravedad de los hechos, demuestra la necesidad de imponer prisión preventiva a los imputados, a fin de garantizar la preservación de evidencias y evitar la obstrucción del proceso.
El caso, que ha generado consternación en la sociedad dominicana, continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades penales de cada uno de los implicados.
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