El Gobierno del presidente Donald Trump enfrenta múltiples demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses y residentes legales que alegan haber sido detenidos de manera injustificada durante redadas migratorias en distintos estados del país.
Las querellas, que en algunos casos reclaman indemnizaciones de hasta 50 millones de dólares, denuncian violaciones a los derechos constitucionales y se han convertido en un fenómeno recurrente en los últimos meses.
Demandas por detenciones arbitrarias
Uno de los casos más notorios es el de Leonardo García Venegas, trabajador de la construcción en Alabama, quien asegura haber sido detenido en dos ocasiones a pesar de identificarse como ciudadano estadounidense y presentar su REAL ID. Representado por el Institute for Justice, García Venegas sostiene que ambas detenciones fueron “irrazonables” y violaron la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege contra arrestos sin causa probable.
La querella, presentada como demanda colectiva, incluye 19 casos adicionales de ciudadanos y residentes legales supuestamente arrestados bajo circunstancias similares.
Casos de violencia y uso excesivo de la fuerza
Otro episodio fue denunciado por Rafie Ollah Shouhed, un anciano de 79 años y dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien resultó con fracturas, traumatismo craneoencefálico y lesiones graves tras una redada el 9 de septiembre. Según videos de seguridad, los agentes lo derribaron pese a que explicó que se recuperaba de una cirugía de corazón. Fue trasladado esposado a un centro de detención, donde permaneció casi 12 horas sin atención médica.
Su demanda, valorada en 50 millones de dólares, invoca la Ley Bane de California, que protege contra abusos y violaciones de derechos constitucionales.
Abogados y activistas denuncian patrón de abusos
Casos adicionales presentados en agosto incluyen a cinco ciudadanos y residentes permanentes que alegan haber sido detenidos arbitrariamente. Entre ellos figura Cary López Alvarado, embarazada en el momento de su arresto, quien asegura que su bebé nació de manera prematura debido al trato recibido.
El abogado Luis Carrillo, representante de varios de los demandantes, calificó las acciones de los agentes como “brutales” y afirmó que las demandas buscan frenar el uso excesivo de la fuerza.
Carrillo se ha unido a la congresista Maxine Waters y a la activista Dolores Huerta para elevar una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solicitando una investigación internacional sobre los abusos cometidos contra ciudadanos e inmigrantes durante las redadas migratorias.
Contexto político y social
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido sus operativos, pero la oleada de demandas abre un nuevo frente judicial y político para la administración Trump, justo en medio de crecientes cuestionamientos sobre la legalidad y proporcionalidad de sus políticas migratorias.
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