Santo Domingo, R.D.– La pasada gestión de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), encabezada por Homero Figueroa, continúa bajo cuestionamientos por los procesos de excepción utilizados para adjudicar contratos millonarios en 2024 y 2025, a pesar de advertencias previas de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
En junio de 2024, la DGCP emitió la Resolución RIC-114-2024, tras una denuncia de la Fundación Jurídica para la Defensa de los Pobres, en la que aclaraba que el procedimiento DIECOM-CCC-PEOR-2023-0001, por un monto de RD$1,450 millones, no cumplía con los requisitos de exclusividad establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
Pese a esta advertencia, en 2025 la institución volvió a recurrir al mismo mecanismo, adjudicando mediante procedimientos de excepción contratos y adendas por RD$2,700 millones a las mismas cuatro empresas previamente favorecidas: Aordominicana, All Media, OMD Dominicana y Advanced Media Center.
Observaciones de la DGCP
La DGCP fue categórica en señalar que la justificación presentada por Diecom —basada en la “confianza y experiencia del contratista”— no constituye causal de exclusividad.
“La confianza basada única y exclusivamente en la experiencia del contratista puede ser evaluada objetivamente… por tanto, no justifica el uso de un procedimiento de excepción”, establece la resolución.
Asimismo, cuestionó el estudio de mercado realizado por la institución, al señalar que solo se consideraron las empresas finalmente contratadas, lo que limitó la libre competencia y no demostró que se trataba de un caso de exclusividad.
Falta de investigación y cuestionamientos
Hasta el momento, ninguna autoridad competente ha investigado al funcionario del Palacio Nacional, pese a las observaciones de la DGCP y a la magnitud de los montos involucrados.
La reiteración de los contratos en favor de un mismo grupo de empresas, a pesar de las advertencias formales, ha generado serias dudas sobre el compromiso de la institución con los principios de publicidad, libre competencia y eficiencia establecidos en la Ley 340-06.
La insistencia en mantener un esquema de contrataciones concentrado en pocas manos, que involucra miles de millones de pesos, abre la puerta a sospechas de favoritismo y opacidad, debilitando la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos destinados a la comunicación gubernamental.
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