El abogado Mario Aguilera, representante legal del exministro de Hacienda Donald Guerrero, sorprendió este miércoles al tribunal que conoce el caso Operación Calamar al solicitar que quede consignado en acta que el informe elaborado por investigadores antifraude de la Contraloría General, documento que dio origen al proceso, nunca fue notificado a la defensa.
“Ese informe existe, ha sido mencionado como prueba en este caso, y nunca nos ha sido notificado. Por tanto, jamás hemos podido ejercer contradicción alguna”, declaró Aguilera, asegurando que la omisión violenta derechos reconocidos en la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo.
El jurista explicó que, aunque el documento ha sido citado reiteradamente en audiencias, ni su defendido ni su equipo legal tuvieron acceso a su contenido, lo que compromete —según dijo— el derecho al debido proceso y podría impactar la validez de las actuaciones del Ministerio Público.
Pepca y el origen del caso
El informe en cuestión fue utilizado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para justificar la investigación iniciada en 2020 sobre supuestas irregularidades en pagos de expropiaciones que superaron los RD$17,000 millones entre abril y junio de ese año.
“Ahora que se menciona, tenemos alto interés en que se haga constar en acta que nunca se nos notificó como defensa de Donald Guerrero, y por consiguiente, nunca ejercimos contradicción al respecto”, agregó Aguilera.
Ola de desistimientos
La sesión también estuvo marcada por nuevos desistimientos de querellantes contra Guerrero. Entre ellos, la Fundación Alfredo Nóbel y representantes de la familia Mota, que retiraron sus acusaciones.
A esto se suman los desistimientos previos de unos 40 herederos de la familia Reyes, representados por Patricio Mañón y Julio César Ventura, quienes además solicitaron el pago del 20 % pendiente de sus propiedades.
El tribunal conoció además la situación de querellantes que carecen de títulos de propiedad válidos y que fueron denunciados el año pasado como falsos querellantes, al presentar poderes firmados por personas fallecidas.
En total, más de 260 querellas fueron extinguidas por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional al determinarse que estaban “mal promovidas” y carecían de representación legal legítima.
Con estos movimientos, el proceso judicial contra el exministro Guerrero se encamina a un escenario donde las pruebas y la validez de las acusaciones estarán en el centro del debate.
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