La Contraloría General de la República anunció un incremento significativo en la instalación de Unidades de Auditoría Interna (UAI) en instituciones del Estado, al pasar de 206 a 304 durante la actual gestión del presidente Luis Abinader, lo que representa un aumento de 98 con relación a administraciones anteriores.
El contralor general, Félix Santana García, resaltó que el órgano que dirige, en virtud del artículo 247 de la Constitución, es el rector del control interno del Poder Ejecutivo, encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos, autorizar órdenes de pago y garantizar la transparencia en la gestión financiera estatal.
Funciones de las UAI
En estas unidades se realiza un control interno previo, verificando que los contratos y libramientos de pago cumplan los requisitos legales y administrativos. Tras esta validación, los documentos son remitidos electrónicamente a la sede de la Contraloría a través de los sistemas Sugep y TRE contratos, donde pasan por distintas fases de revisión.
Posteriormente, las órdenes de pago son evaluadas y preautorizadas antes de la firma del contralor general, para luego ser enviadas a la Tesorería Nacional, que ejecuta las transferencias correspondientes a las cuentas oficiales de las instituciones públicas.
Marco legal y responsabilidades
Santana García recordó que el artículo 25 de la Ley 10-07 establece que cada institución estatal es responsable del control interno y del uso correcto de sus recursos. Además, deben cumplir con las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), emitidas por la Contraloría, que fijan lineamientos para una gestión eficiente, efectiva y transparente.
En caso de detectar irregularidades con posibles implicaciones penales durante el proceso de auditoría, estas son remitidas a las instancias competentes. Cuando se identifican debilidades administrativas, se recomienda un plan de acción para implementar mejoras y correctivos.
Rotación de auditores
Con el objetivo de preservar la independencia y objetividad del control interno, la Contraloría dispone de rotaciones periódicas de auditores entre instituciones, evitando la creación de vínculos que puedan comprometer la transparencia del proceso.
“Con estas medidas reforzamos la credibilidad del sistema de control interno y garantizamos una gestión pública más transparente y eficiente”, enfatizó el contralor Santana García.
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