El Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU) presentó la quinta edición del Índice de Burocracia 2025, un informe que revela la magnitud del tiempo y recursos que las empresas medianas deben dedicar a trámites regulatorios en 21 países de América Latina, el Caribe y Europa.
La novedad de este año es que el estudio se concentra en las empresas medianas, consideradas clave para el empleo y la innovación, pero a menudo ausentes de las estadísticas tradicionales.
CARGA DE TRÁMITES A NIVEL REGIONAL
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Apertura de negocios: en promedio, formalizar una empresa mediana demanda 1,850 horas, equivalentes a casi ocho meses de trabajo administrativo.
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Operación anual: los trámites de cumplimiento ocupan alrededor de 1,577 horas por año, el 76% del tiempo laboral de un empleado promedio.
Según el director del Adam Smith Center, Carlos Díaz-Rosillo, este exceso de burocracia “frena la productividad, inhibe la inversión y reduce el potencial de innovación de las economías de la región”.
REPÚBLICA DOMINICANA ENTRE LOS MEJORES RESULTADOS
El reporte ubica al país en el grupo de referentes regionales, junto con Brasil, Costa Rica, México, Portugal y Uruguay:
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Apertura de empresas: la carga burocrática dominicana se mantiene entre las más bajas, aunque persisten retos en trámites vinculados a servicios básicos como electricidad, agua y telecomunicaciones.
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Funcionamiento empresarial: el país conserva una de las menores cargas administrativas de la región, lo que favorece la formalización y la competitividad.
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Balance general: República Dominicana se consolida como ejemplo de agilidad administrativa y clima atractivo para la inversión.
Para Sary Levy-Carciente, coordinadora del estudio, contar con datos de este tipo permite “tomar decisiones públicas más efectivas y con impacto directo en el desarrollo económico sostenible”.
PRESENTACIÓN INTERNACIONAL
El lanzamiento del índice reunió a líderes políticos y empresariales, entre ellos el expresidente de México, Felipe Calderón, junto a académicos y representantes de la sociedad civil.
En el caso dominicano, la investigación estuvo a cargo del Instituto OMG, representado por Mónika Melo y Ángela Santana, responsables de recopilar y procesar la información local.
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