La violencia en Haití alcanzó un nuevo nivel de horror la semana pasada, cuando más de 50 personas fueron asesinadas en una serie de ataques perpetrados por bandas armadas en la localidad de Laboderie, al norte de la capital, según denunció la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).
De acuerdo con el informe, la masacre fue ejecutada por la coalición criminal Viv Ansanm (“Vivir juntos”), que habría actuado con extrema brutalidad contra la población civil.
Crueldad y terror contra los civiles
El comunicado de la RNDDH advierte que la operación no solo dejó decenas de muertos, sino también incendios de viviendas y ataques deliberados contra familias enteras.
“Terroristas de la coalición Viv Ansanm llevaron a cabo una masacre extremadamente cruel contra la población civil”, señala la organización.
La recuperación de las víctimas se ha visto obstaculizada por la inseguridad. Hasta este domingo, cadáveres aún permanecían entre los matorrales, algunos devorados por perros, mientras los sobrevivientes huyeron hacia comunidades cercanas o escaparon en canoas al mar para evitar la violencia.
Haití bajo control de las pandillas
El país atraviesa un colapso institucional y una crisis política sin precedentes, marcada por la dimisión del primer ministro Ariel Henry en 2024. Según estimaciones de la ONU, las pandillas controlan ya el 90 % de Puerto Príncipe, extendiendo su dominio a comunidades del interior y forzando miles de desplazamientos internos.
La RNDDH sostiene que los atacantes justificaron la masacre alegando que los residentes colaboraban como informantes de la policía, aunque recalca que la población civil ha quedado atrapada en medio del conflicto sin protección ni acceso a recursos básicos.
Reacción del Consejo Presidencial de Transición
El Consejo Presidencial de Transición, que asumió la jefatura del Estado tras la salida de Henry, expresó su “profunda indignación” ante los hechos, calificándolos de “actos bárbaros”.
El órgano de transición también pidió a la comunidad internacional reforzar las capacidades estatales para atender la emergencia humanitaria y fortalecer la seguridad en un país donde la violencia armada mantiene a millones de haitianos en vilo.
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