La Procuraduría General de la República (PGR) recibió este martes una querella penal formal contra ex y actuales directores de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) SENASA, acusados de presunto lavado de activos, estafa y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La acción fue interpuesta por la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social y la Fundación Primero Justicia, quienes aseguran que las supuestas irregularidades comprometen miles de millones de pesos y ponen en riesgo la cobertura médica de más de 7,500 afiliados.
EL MONTO DEL PRESUNTO FRAUDE
Según explicó Miguel Surún Hernández, representante legal de las organizaciones querellantes, el expediente detalla una presunta sustracción fraudulenta de aproximadamente RD$9,059 millones.
La denuncia describe un entramado ilícito que habría simulado prestaciones médicas y farmacéuticas ficticias, además de presuntas contrataciones irregulares de servicios de atención primaria, afectando directamente la estabilidad financiera del sistema.
“Hemos acudido a la PGR a interponer formal querellamiento penal contra ex y actuales directores de ARS SENASA por la sustracción fraudulenta de aproximadamente RD$9,059 millones, mediante un entramado dedicado a simular ficticias prestaciones médicas y farmacéuticas, así como mediante supuestas contrataciones de cobertura de atención primaria”, declaró Surún Hernández.
INVESTIGACIONES DEBEN INCLUIR A EXDIRECTOR
El representante de los querellantes insistió en que, por la gravedad y complejidad del caso, las investigaciones deben incluir al exdirector de SENASA, Santiago Hazim, a quien señalan por su posible vinculación con los hechos denunciados.
“Por la magnitud del caso y el impacto en la seguridad social, es imprescindible incluir en las investigaciones al pasado director Santiago Hazim”, puntualizó Surún.
Los hechos denunciados podrían estar tipificados en varios artículos del Código Penal Dominicano —123, 124, 147, 148, 150, 151, 175, 176, 265, 266, 405 y 406—, así como en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología.
IMPACTO EN LA COBERTURA MÉDICA
Las organizaciones advierten que el presunto fraude pone en peligro la cobertura médica de más de 7,500 afiliados, quienes dependen de SENASA para recibir atención primaria, medicamentos y tratamientos.
La PGR aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los próximos pasos del proceso, pero fuentes cercanas confirmaron que el expediente será evaluado para determinar si procede la apertura de una investigación formal.
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