El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, acusado de falsificar actas de defunción de personas vivas y presentarlas ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE), como parte de un esquema fraudulento que operó entre diciembre de 2024 y junio de 2025.
De acuerdo con las investigaciones, Mendoza utilizaba estas actas falsas para afectar económicamente a ciudadanos vulnerables de la provincia, especialmente beneficiarios de programas sociales del Estado.
EL MODUS OPERANDI
El informe del Ministerio Público detalla que el acusado ofrecía préstamos personales que oscilaban entre RD$5,000 y RD$15,000 a personas que recibían RD$2,100 mensuales como parte de programas de asistencia social.
Como garantía de pago, Mendoza retenía las tarjetas de asistencia social de los beneficiarios y, posteriormente, falsificaba actas de defunción para presentarlas en instituciones oficiales y unidades médicas, creando identidades ficticias y simulando la muerte de las víctimas.
IMPACTO DEL FRAUDE
El esquema no solo afectaba a las personas más necesitadas, sino que también generaba alteraciones en los registros oficiales y pérdidas económicas en instituciones públicas y privadas.
El Ministerio Público calificó el caso como un fraude sistemático y planificado, que requerirá medidas ejemplares para proteger la integridad de los sistemas de registro civil y los programas de asistencia del Estado.
PRÓXIMOS PASOS JUDICIALES
La solicitud de prisión preventiva será conocida en los próximos días por un tribunal de Valverde, donde se evaluarán las pruebas recopiladas hasta el momento.
El Ministerio Público indicó que el caso se mantiene en investigación activa, y no descarta que puedan surgir nuevos implicados dentro de la red que facilitaba el fraude.
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