La Administración de Donald Trump publicó este martes su informe anual de derechos humanos correspondiente a 2024, en el que suaviza o elimina críticas contra aliados como El Salvador, Israel y Rusia, al tiempo que intensifica señalamientos hacia Brasil y Sudáfrica, países considerados adversarios políticos del nuevo Gobierno.
El documento, divulgado con meses de retraso y bajo la dirección del secretario de Estado, Marco Rubio, se enfocó en supuestas restricciones a la libertad de expresión, omitiendo apartados habituales como los de corrupción y derechos de la comunidad LGTBI.
En el caso de El Salvador, el informe asegura que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas”, destacando la reducción histórica de la violencia de pandillas gracias al estado de excepción decretado por Nayib Bukele. En Israel, aunque se mencionan ejecuciones extrajudiciales contra palestinos, se resaltan acciones del Gobierno para identificar a responsables de abusos y se omiten críticas previas a la reforma judicial y al caso de corrupción del primer ministro Benjamín Netanyahu.
En Rusia, el documento mantiene las denuncias por crímenes de guerra en Ucrania, pero elimina referencias a abusos contra la comunidad LGTBI. Trump tiene previsto reunirse este viernes en Alaska con Vladímir Putin para discutir un posible fin a la guerra.
En contraste, el informe acusa a Brasil de un “declive” en derechos humanos, citando represión contra seguidores de Jair Bolsonaro y la suspensión temporal de la red social X. Sobre Sudáfrica, denuncia la “expropiación de tierras” a la minoría blanca afrikáner, un tema que Trump ha calificado como “genocidio” y que el Gobierno sudafricano rechaza.
China, Venezuela e Irán siguen figurando entre los países más señalados, con acusaciones de genocidio contra uigures en China, represión y ejecuciones en Irán, y graves abusos en Venezuela tras elecciones denunciadas como fraudulentas a favor de Nicolás Maduro.
El informe, que desde 1977 guía la política exterior y la asignación de ayuda internacional de Estados Unidos, fue reducido este año a su extensión mínima legal, excluyendo referencias a corrupción o delitos de género.
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