El Defensor del Pueblo informó que, en la primera etapa de su programa de supervisión, ha inspeccionado más de 500 instituciones públicas en aplicación de la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad, con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad cuenten con espacios físicos accesibles y libres de barreras.
Según el organismo constitucional, el operativo —coordinado por su Secretaría General— abarcó la revisión de centros educativos y hospitales del Gran Santo Domingo.
En el Distrito Nacional se verificaron 141 recintos de salud y 92 planteles escolares (233 en total). En Santo Domingo Este se evaluaron 48 centros hospitalarios y 76 entidades educativas (124 en total). En Santo Domingo Norte se inspeccionaron 29 puestos de salud y 30 centros educativos (59 en total), mientras que en Santo Domingo Oeste se revisaron 15 hospitales y 13 planteles escolares (28 en total). También se incluyeron los municipios de Boca Chica, Pedro Brand y Guerra.
El Defensor del Pueblo recordó que la Constitución (artículos 190 y 191) y la Ley núm. 19-01 le facultan para velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales. Asimismo, la Ley núm. 5-13 establece que las edificaciones públicas deben adaptarse a los estándares de accesibilidad universal en un plazo de dos a seis años.
“Es fundamental que todas las instituciones garanticen la accesibilidad universal y que el Estado elimine cualquier barrera que impida a las personas con discapacidad acceder a servicios públicos esenciales”, señaló la entidad.
Las inspecciones comenzaron en 2024 con un levantamiento en ocho escuelas y cinco hospitales de sectores como Villa Juana, Ensanche La Fe, Ensanche Luperón, Villa Consuelo y Villas Agrícolas, reflejando avances en la adecuación de los espacios.
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