Santo Domingo.– El procurador fiscal adjunto y director nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, cuestionó este miércoles la coherencia del Poder Judicial en torno a la aplicación de acuerdos penales, señalando que mientras en teoría promueve su uso, en la práctica dicta decisiones que podrían desincentivar este mecanismo de resolución.
Camacho se refirió específicamente a la medida de coerción dictada por el juez Rigoberto Sena, quien otorgó prisión domiciliaria a los 14 imputados del denominado “Caso Lobo”, una presunta red acusada de distribuir sobornos para obtener contratos de seguridad privada con entidades públicas.
El funcionario sostuvo que la decisión judicial, aunque privó de libertad a los acusados mediante arresto domiciliario, envía un mensaje contradictorio que podría obstaculizar la colaboración procesal. “El Poder Judicial predica que se deben fomentar los acuerdos en el proceso penal, pero con estas decisiones parecería que se intenta desincentivarlos”, afirmó.
Camacho puntualizó que el tribunal reconoció la gravedad del caso al declarar su complejidad, lo que refuerza la contundencia de las imputaciones. No obstante, reafirmó el compromiso del Ministerio Público de seguir negociando acuerdos con los acusados en todas las etapas del proceso, como estrategia válida para garantizar sanciones efectivas.
Advirtió además que las investigaciones del Ministerio Público no se limitan a lo presentado en la audiencia de coerción. “En la dinámica de contratación de seguridad de este esquema hay más de lo que hemos mostrado hasta ahora. Esto apenas comienza. No se descarta una segunda etapa, un Caso Lobo 2.0”, subrayó.
Finalmente, el director nacional de Persecución reiteró que el órgano acusador actuará “contra todos los responsables, sin excepciones”, y que la lucha contra la corrupción administrativa se mantendrá sin ceder ante presiones o decisiones adversas.
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