Santo Domingo, República Dominicana. – Representantes del sector empresarial, inmobiliario y turístico manifestaron este lunes su preocupación ante lo que definen como una “creciente parálisis” en proyectos estratégicos, atribuida a la falta de aplicación efectiva de la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
Según advirtieron, actualmente más de 70 proyectos inmobiliarios y turísticos en áreas clave como Punta Cana, Miches, Samaná y la región Sur permanecen detenidos por contradicciones jurídicas en torno a la implementación de dicha legislación.
De acuerdo con declaraciones ofrecidas por desarrolladores y empresarios del sector, la inseguridad jurídica generada por interpretaciones divergentes del artículo 24 de la ley, que otorga competencias a distritos municipales con más de 15,000 habitantes para gestionar su ordenamiento territorial, ha dejado en suspenso cientos de millones de dólares en inversiones nacionales y extranjeras.
Señalan que, pese a lo establecido por la ley, algunas instancias del gobierno central han restringido la emisión de permisos desde las juntas municipales, provocando lo que describen como “un limbo institucional” que paraliza la actividad económica en sectores claves del país.
“El Estado está obligando a los inversionistas a detener sus proyectos. No podemos hablar de atracción de capital mientras la propia administración pública genera trabas que socavan el principio de seguridad jurídica”, afirmaron representantes de asociaciones empresariales del sector.
Advierten que esta situación amenaza con provocar despidos masivos, una caída en la llegada de capital extranjero y una ralentización del crecimiento económico en zonas cuya principal fuente de ingresos es el turismo y el desarrollo inmobiliario.
Frente a este panorama, los empresarios exhortaron al presidente de la República, Luis Abinader, a intervenir directamente para garantizar el respeto irrestricto a la Ley 368-22 y resolver las contradicciones administrativas que están afectando a los gobiernos locales y a los desarrolladores privados.
“La seguridad jurídica no es una opción, es una condición básica para el desarrollo económico sostenible. Sin ella, ningún inversionista puede operar”, subrayaron.
Los representantes del sector reiteraron su llamado a una aplicación inmediata y coherente de la ley, advirtiendo que la incertidumbre actual pone en riesgo la imagen del país como destino de inversión confiable en el Caribe.
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