Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público ha formalizado la inclusión del director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison; del asesor financiero del presidente Luis Abinader, Pablo Portes; y del titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, en el expediente de investigación por presuntos actos de corrupción administrativa dentro del denominado caso Operación Camaleón.
Esta decisión fue notificada mediante instancia oficial enviada por la procuradora Mirna Ortiz Fernández, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a la jueza Patricia Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. En dicho documento, el órgano acusador solicita una prórroga de cuatro meses para continuar profundizando la investigación del expediente, tras la ampliación del mismo a partir de las denuncias formuladas por el Partido Generación de Servidores (GenS), presidido por el dirigente Carlos Peña.
De acuerdo con la solicitud, el Ministerio Público tomó la decisión luego de acoger la querella depositada por GenS contra el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, a quien acusa de “complicidad en actos de corrupción”, además de una solicitud formal de investigación contra el director del INTRANT, Milton Morrison, y el asesor financiero presidencial, Pablo Portes, entre otros funcionarios públicos y empresarios privados presuntamente vinculados.
El Partido Generación de Servidores acusa a estos altos funcionarios de participar —por acción u omisión— en supuestas irregularidades detectadas en los procesos de licitación y contratación vinculados a los contratos entre el INTRANT y las empresas Dekolor y PagoRD, así como en el manejo posterior de adendas contractuales, pagos irregulares y favorecimientos indebidos.
Carlos Peña reacciona: “Es un giro histórico”
Carlos Peña, presidente del Partido Generación de Servidores, calificó como un “giro histórico” la decisión del Ministerio Público de incorporar a estos funcionarios cercanos al presidente Abinader en el expediente, afirmando que pone a prueba el discurso gubernamental sobre la independencia de la justicia.
“Hoy el gobierno del PRM está ante la disyuntiva histórica de respetar el debido proceso, permitir las investigaciones y dejar actuar a la justicia sin interferencias políticas”, agregó el dirigente.
Peña reiteró que su partido seguirá impulsando acciones legales contra todo funcionario público o privado que atente contra los fondos públicos.
Contexto del caso Operación Camaleón
La Operación Camaleón es el nombre con el que el Ministerio Público ha denominado el expediente que investiga presuntas irregularidades administrativas y corrupción en el manejo de contratos de licencias de conducir, pago de tasas, uso del software y ejecución de servicios por parte del INTRANT y empresas contratistas.
El caso involucra directamente a la empresa Dekolor S.R.L., señalada por supuestas sobrevaluaciones contractuales y desvíos de fondos por más de 730 millones de pesos, según reveló el actual director del INTRANT, Milton Morrison, en declaraciones recientes.
El expediente también incluye las denuncias contra PagoRD Xchange, firma presuntamente vinculada a los manejos financieros irregulares.
La PEPCA ha informado que profundiza la investigación para establecer la posible comisión de delitos de coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, asociación de malhechores, lavado de activos y complicidad.
Solicitan prórroga para concluir investigaciones
En su instancia al tribunal, el Ministerio Público justifica la solicitud de cuatro meses adicionales debido al volumen de información, la ampliación del expediente, la complejidad de las relaciones contractuales investigadas y la necesidad de diligenciar nuevas pruebas contra los implicados.
Mientras tanto, las autoridades judiciales mantienen abiertas las líneas de investigación en torno a otras personalidades del sector público y privado que habrían participado en la red de contrataciones bajo sospecha.
La inclusión de Pablo Portes, Carlos Pimentel y Milton Morrison eleva el perfil del expediente y podría colocar en una posición delicada a la administración del presidente Luis Abinader, por la cercanía y confianza institucional de los mencionados con el Ejecutivo.
El caso permanece en etapa de investigación y las responsabilidades legales aún no han sido determinadas judicialmente.
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