Santo Domingo. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, denunció un intento de soborno por parte de representantes de la empresa Dekolor, S.R.L., contratista del servicio de emisión de licencias de conducir, así como múltiples irregularidades que comprometen fondos públicos.
Las declaraciones fueron ofrecidas en una entrevista concedida al programa N Investiga, donde Morrison detalló que fue objeto de varias propuestas económicas, incluyendo un pago inicial de RD$24 millones y una mensualidad de RD$2 millones por cada mes de extensión del contrato. Todas fueron rechazadas de manera categórica.
“El contrato tenía elementos que nos llamaron poderosamente la atención. No solo era oneroso, sino que el software, la base de datos y el código fuente no eran propiedad del Estado dominicano, sino de la empresa. Eso es inaceptable”, afirmó.
Morrison explicó que la empresa Dekolor acumuló ingresos por más de RD$4,655 millones desde 2020, cobrando RD$805.69 por cada licencia emitida. No obstante, se descubrió un faltante de RD$730 millones, correspondiente a fondos que debieron ser depositados por la empresa Pago RD Xchange, encargada de canalizar los pagos del servicio sin haber pasado por un proceso de licitación.
La auditoría reveló que, durante más de tres años, en lugar de transferir el 90% de los ingresos al INTRANT, como estaba estipulado, la empresa solo entregaba entre un 3% y 5%. Esta diferencia generó un grave desfalco a las arcas del Estado.
Además, se firmaron tres adendas al contrato sin la aprobación del Consejo Directivo, lo que provocó un aumento del 58% en el costo original y otro del 17.83% por ajuste inflacionario, con una deuda reconocida superior a RD$936 millones.
El director del INTRANT identificó a los emisarios que ofrecieron el soborno como Bolívar Batista Taveras y Georges Virgilio Ortiz Reyna. También denunció presiones personales y amenazas vinculadas a su vida privada y patrimonial.
Sobre la adquisición de una vivienda en Estados Unidos, Morrison aclaró que fue realizada con recursos lícitos y transparentes, producto de la venta de un apartamento declarado en su patrimonio.
Finalmente, Morrison sostuvo que su gestión no tolerará irregularidades y que ha actuado conforme a la ley: “Vine al servicio público con la intención de aportar. Y si tengo que enfrentar consecuencias por hacer lo correcto, lo haré una, dos o tres veces, porque mi compromiso es con la República Dominicana”.
El expediente fue remitido a la Procuraduría General de la República por la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Unidad Antifraude, para los fines correspondientes.
About the Author
