Santo Domingo, RD. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó este jueves que ha iniciado un proceso legal para cancelar alrededor de 20 contratos adjudicados a suplidores y ha desvinculado a nueve colaboradores involucrados en licitaciones relacionadas con la adquisición de utilería escolar, tras las observaciones emitidas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
En un comunicado oficial, la institución explicó que mantiene colaboración activa con las investigaciones llevadas a cabo por la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, y expresó su disposición a responder ante cualquier requerimiento del Ministerio Público.
Entre las acciones adoptadas figuran la suspensión de la certificación de contratos vinculados a empresas bajo cuestionamientos y la confirmación de que no se ha realizado ningún desembolso asociado a dichos acuerdos.
Personal técnico separado de funciones
El INABIE explicó que entre los colaboradores desvinculados se encuentran los peritos responsables de las evaluaciones técnicas de los procesos licitatorios INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012, actualmente bajo revisión.
Según detalla la entidad, fue su propia Dirección Ejecutiva la que solicitó la intervención y acompañamiento de Contrataciones Públicas y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) para garantizar la legalidad y transparencia en los procesos.
Compromiso con la transparencia
A pesar de los hallazgos iniciales, el organismo aclaró que no se ha evidenciado afectación a los derechos de los oferentes ni se han presentado impugnaciones formales ante la DGCP o el INABIE.
Desde 2022, el INABIE ha implementado reformas estructurales para fortalecer sus mecanismos de control interno, incluyendo:
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La suspensión de más de 50 proveedores por irregularidades en licitaciones anteriores.
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Solicitudes de inhabilitación por falsedad documental.
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La creación de una Unidad de Riesgo y Cumplimiento para anticipar posibles violaciones normativas.
La institución reafirmó que estas acciones forman parte de su compromiso con el uso responsable de los recursos públicos y la transparencia en la gestión de los fondos destinados a los estudiantes del sistema educativo público.
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