Cotuí, R.D. – Representantes comunitarios de seis localidades de Cotuí valoraron como un hito histórico el acuerdo suscrito entre Barrick Pueblo Viejo, el Gobierno dominicano y líderes de las comunidades de El Rayo, El Naranjo, El Higo, Arroyo Vuelta, Lajas y Tres Bocas, orientado al reasentamiento planificado y justo de cientos de familias afectadas por las operaciones mineras.
El dirigente social Martín Guzmán resaltó que el pacto, firmado tras seis meses de trabajo conjunto, incluye compensaciones duplicadas respecto a ofertas anteriores, obras sociales prioritarias, garantías ambientales y un sistema permanente de seguimiento con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y el Obispado de La Vega.
Entre las obras contempladas figuran un nuevo cementerio, destacamento de seguridad, espacios públicos, así como mecanismos para proteger fuentes de agua y asegurar servicios básicos en las nuevas zonas de residencia.
La firma se realizó con participación activa de 23 líderes comunitarios, bajo la supervisión del Ministerio de Energía y Minas, que actuó como garante institucional del proceso, junto al obispo Carlos Morel Diplán y la Defensora del Pueblo.
“Fue un proceso complejo, pero evitamos una escalada de conflictos y logramos una salida dialogada que preserva las garantías básicas de nuestras comunidades”, expresó Manuel Severino, firmante por Tres Bocas.
Martín Guzmán destacó que si bien se trata de un avance importante, ahora inicia una fase crítica de implementación, que exige continuidad institucional más allá de cambios de autoridades.
“Este acuerdo no es perfecto, pero representa una base real sobre la cual podemos construir una transición más digna y con participación activa de nuestra gente”, enfatizó Guzmán.
Un elemento clave será la instalación de una oficina de seguimiento comunitario en Arroyo Vuelta, con presencia constante para monitorear la ejecución de cada etapa del acuerdo. Esta estructura funcionará con el acompañamiento de la Iglesia y la sociedad civil organizada.
Los dirigentes coincidieron en valorar el rol protagónico de las comunidades, que mantuvieron su unidad durante la negociación y lograron mejoras significativas frente a las propuestas iniciales.
El Ministerio de Energía y Minas, por su parte, reiteró su compromiso con el cumplimiento del acuerdo, en tanto los líderes comunitarios instaron a que ese respaldo sea parte de una estructura de Estado estable y no dependiente de voluntades individuales.
El proceso, iniciado en medio de tensiones sociales y ambientales, ha derivado en un modelo de solución participativa y verificable, que podría convertirse en referencia nacional para otros procesos de reasentamiento y diálogo territorial.
Luis Hernández
Redacción
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