Santo Domingo, República Dominicana – En un momento de creciente tensión en el debate sobre la migración haitiana, el expresidente Hipólito Mejía hizo un llamado claro y frontal: regularizar a los braceros haitianos que trabajan en la economía dominicana es una necesidad impostergable.
Durante su intervención en el acto conmemorativo del 62 aniversario del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el Día Nacional de la Empresa Privada, Mejía señaló que el país no puede seguir operando sobre la base de prejuicios que entorpecen decisiones fundamentales. “Lo que hay que olvidarse es de los prejuicios; si nos ponemos a estar prejuiciando, no vamos a llegar nunca a nada”, expresó.
Mano de obra imprescindible
El exmandatario aseguró que la mano de obra haitiana es esencial en sectores clave como el campo y la construcción, y que negar esta realidad solo agrava la crisis laboral. “Dígalo quien lo diga, la mano de obra haitiana es necesaria en el país”, afirmó con contundencia.
En ese sentido, propuso implementar un plan de regularización laboral dirigido a los trabajadores haitianos ya integrados en el aparato productivo nacional, a través de acuerdos sectoriales que garanticen derechos básicos y condiciones de trabajo dignas.
Una visión sin filtros
Mejía contrastó la situación dominicana con la de países como Estados Unidos, donde la escasez de mano de obra inmigrante ha impactado fuertemente la economía. “Aquí tenemos que enfrentar esa situación sin prejuicios y con una visión realista del tema”, enfatizó.
El mensaje del expresidente resuena en medio de un entorno de políticas migratorias más restrictivas y discursos que polarizan la opinión pública en torno a la migración haitiana. Mientras sectores empresariales reclaman soluciones prácticas, otros actores políticos presionan por mayor control y deportaciones.
Un mensaje incómodo, pero necesario
Las palabras de Mejía no pasan desapercibidas. En un contexto donde la inmigración se ha vuelto tema tabú en la agenda política, su llamado a la sensatez representa una postura incómoda para muchos, pero ineludible para un país cuya economía depende, en gran parte, de una fuerza laboral que sigue siendo invisibilizada y desprotegida.
