Santo Domingo, R.D. – La querella penal presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, contra el comunicador Ángel Martínez, por supuesta difamación e injuria a través de redes sociales, ha encendido un nuevo debate sobre el equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de expresión en República Dominicana.
La ministra acusa a Martínez de realizar imputaciones falsas, ofensivas y sin pruebas, incluyendo alegaciones de vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y difusión de supuestos videos íntimos. El contenido fue difundido en YouTube y la red social X, lo que llevó a Raful a interponer la acción legal ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, con una demanda de RD$50 millones en daños.
Sin embargo, a pesar de que la difamación y la injuria están tipificadas legalmente y cualquier persona tiene derecho a defender su reputación, preocupa que esta acción provenga de una alta funcionaria del Gobierno, en momentos en que desde el oficialismo se debate la necesidad de “regular los contenidos digitales”.
“Esto no es solo una querella, es una señal política. El mensaje es claro: cuidado con lo que dices en redes, porque el poder puede callarte con el Código Penal en la mano”, expresó un comunicador que prefirió no identificarse.
En los videos referidos en la querella, Martínez hace afirmaciones que, de comprobarse como falsas, ciertamente caen bajo las figuras de difamación pública. Pero la línea entre justicia y censura se vuelve cada vez más delgada cuando el Estado actúa no solo para proteger el honor, sino para castigar el discurso incómodo.
En ese contexto, la acción de Faride Raful podría sentar un precedente peligroso si se instrumentaliza para amedrentar a críticos, periodistas o influenciadores que denuncien o cuestionen el poder. La demanda, lejos de tratarse de un caso aislado, es vista por muchos como el inicio de una campaña judicializada contra la disidencia digital.
La Constitución Dominicana garantiza el derecho al honor, pero también protege la libertad de expresión y el acceso a la información pública. El reto está en no desequilibrar esa balanza. Si desde el poder se empieza a perseguir cada denuncia con una querella millonaria, el país podría estar entrando en una era de autocensura y miedo a opinar.
