Por HEIDY GALICIA
Santo Domingo. — A tan solo cinco meses transcurridos del año 2025, un creciente malestar se ha hecho sentir entre la ciudadanía dominicana, que cuestiona a funcionarios del gobierno actual y de partidos de oposición por iniciar campañas políticas de forma prematura, con miras a las elecciones del año 2028.
El descontento social ha aumentado tras observar cómo varias figuras públicas —algunas aún en funciones— han comenzado a promover sus aspiraciones a través de declaraciones, actividades proselitistas encubiertas y presencia constante en medios de comunicación. Esto, luego de que el presidente Luis Abinader anunciara en agosto del pasado año que no buscaría un nuevo mandato, abriendo el camino a una nueva carrera presidencial.
“Ya no les interesa servir, sino hacerse campaña desde el poder, y eso es una falta de respeto a quienes los eligieron para trabajar, no para autopromocionarse”, expresó en redes sociales una ciudadana indignada.
Diversos sectores de la sociedad han señalado que el accionar de algunos funcionarios refleja un preocupante abandono de sus funciones en busca de candidaturas futuras. “Tenemos ministros más ocupados en giras personales que en resolver los problemas del país”, denunció un dirigente comunitario del Gran Santo Domingo.
Advertencia de la JCE
Ante este panorama, la Junta Central Electoral (JCE) emitió un llamado de atención recordando que las campañas fuera de tiempo violan la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. La institución electoral advirtió que la promoción política anticipada está estrictamente prohibida, y reiteró el contenido del artículo 78 de la legislación:
“Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, no deben incurrir en campañas y actividades proselitistas fuera del plazo establecido por la ley, sin perjuicio de las demás disposiciones legales que les sean aplicables”.
La JCE advirtió que de persistir estas prácticas, se tomarán medidas sancionadoras conforme a la normativa vigente.
Mientras tanto, la población se mantiene vigilante y crítica ante lo que consideran un uso indebido de recursos públicos y de espacios institucionales para fines personales, exigiendo que se respete la legalidad y se prioricen las responsabilidades de gobierno.
HEIDY GALICIA
Periodista
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