Santo Domingo. – En un firme respaldo al fortalecimiento institucional, el presidente Luis Abinader inauguró este jueves la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, destacando el compromiso de la República Dominicana con una justicia eficiente, inclusiva y confiable.
“El poder judicial, cuando es firme en sus principios, ágil en sus procesos y cercano a la ciudadanía, se convierte en uno de los pilares más sólidos de la democracia”, expresó el mandatario al abrir el evento internacional.
Frente a representantes de 23 países de Iberoamérica, Abinader subrayó que su gobierno ha impulsado profundas reformas orientadas a modernizar el sistema judicial, digitalizar los procesos, fortalecer la independencia judicial y ampliar el acceso para toda la población, sin importar su condición social o ubicación geográfica.
Justicia para la dignidad
Bajo el lema “Una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas”, la cumbre aborda tres ejes estratégicos: eficiencia para reducir la mora judicial; inclusión para eliminar barreras de acceso; y confianza como resultado de la transparencia.
“Una justicia que llega a tiempo no posterga derechos ni retrasa la esperanza”, afirmó Abinader, al señalar que la interoperabilidad institucional, las audiencias a distancia y los centros de atención remota ya son una realidad que refleja un sistema más ágil y humano.
Una transformación regional
El presidente del Poder Judicial dominicano, Luis Henry Molina, resaltó que esta cumbre “busca lograr equilibrio, coherencia y un sentido común de dignidad en nuestros sistemas de justicia”, con el propósito de avanzar hacia modelos más abiertos, cercanos y modernos.
Durante el encuentro se realizarán, por primera vez, paneles simultáneos sobre los distintos temas de las comisiones permanentes y se presentará la Feria Tecnológica “Servicio de Justicia del Futuro”, centrada en la transformación digital de los sistemas judiciales.
La cumbre cuenta con la participación de delegaciones de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Con esta iniciativa, el país reafirma su liderazgo en el ámbito judicial iberoamericano y su apuesta por una justicia que sirva como garante de derechos, estabilidad institucional y cohesión social.
