SANTO DOMINGO. — En un contexto regional marcado por la inestabilidad en Haití, el presidente Luis Abinader anunció este lunes una batería de medidas para enfrentar la migración irregular y fortalecer la soberanía nacional, durante su comparecencia semanal en La Semanal con la Prensa, celebrada en el Palacio Nacional.
Entre las acciones destacadas, el mandatario explicó la reorganización militar en la frontera con la participación activa de tres brigadas del Ejército: la 3ra en San Juan de la Maguana, la 4ta en Mao y la 5ta en Barahona. Estas serán divididas en dos áreas operativas cada una, lo que permitirá una mayor cobertura y control territorial.
Además, el presidente informó que este 22 de abril se incorporarán 860 nuevos soldados a los más de 9,500 ya desplegados en la zona fronteriza. A esto se suma la licitación para construir 13 kilómetros adicionales del muro fronterizo, en lo que representa un nuevo impulso a la política de contención física del flujo migratorio.
En el plano legal, Abinader destacó la entrega formal al Congreso del proyecto de ley que modifica la Ley 137-03 sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Esta propuesta, que debe ser conocida con carácter de urgencia, redefine el delito de tráfico de migrantes, introduce nuevas penas y sanciones, y establece la responsabilidad penal por omisión para funcionarios que no actúen frente a estas prácticas.
El proyecto contempla la modificación de los artículos 2, 5, 6 y 7 de la legislación actual, y busca dotar al Estado de herramientas más eficaces para perseguir a quienes se lucran del tráfico humano.
En paralelo, se desplegarán 750 nuevos agentes migratorios y se integrarán 400 más a partir del 5 de mayo tras completar un entrenamiento de 60 días. También se modernizarán los protocolos de control en aeropuertos, puertos y puntos terrestres, mientras que se crearán oficinas migratorias provinciales para descentralizar la vigilancia.
En el ámbito social y económico, el Gobierno avanza con un pacto para “dominicanizar el empleo”, que incluye un aumento salarial del 25% en zonas francas y del 30% en el sector turístico. Además, se otorgarán incentivos económicos a beneficiarios de Supérate que se integren a los sectores agrícola y de la construcción.
El plan contempla también una mayor supervisión en hospitales: 33 centros de salud contarán con personal de interdicción migratoria desde el 21 de abril, y se exigirá documentación obligatoria para recibir atención médica. En los casos en que el paciente esté en condición irregular, se procederá a su repatriación una vez estabilizado.
En un esfuerzo por institucionalizar la política migratoria, se estableció el Observatorio Ciudadano, liderado por el periodista Miguel Franjul e integrado por representantes de sectores académicos, religiosos y empresariales. También se creó una comisión especial, presidida por el juez Milton Ray Guevara, para adaptar la normativa migratoria a la realidad de la crisis haitiana.
El Gobierno indicó además que se ha fortalecido la vigilancia en los mercados binacionales, reformando su reglamento para evitar su uso como vía irregular de ingreso al país.
Finalmente, se informó que a través del Fondo para la Mecanización se han desembolsado RD$2,800 millones al sector agrícola y de la construcción, y se gestionan fondos internacionales para duplicar ese monto.
Con este conjunto de medidas, el presidente Abinader reafirma una política migratoria de línea dura, en un contexto de presión interna y regional. Mientras algunos sectores aplauden el enfoque soberanista, organizaciones de derechos humanos y actores sociales advierten sobre el riesgo de criminalización de la migración y la posible afectación a comunidades vulnerables.
