Santo Domingo, República Dominicana. — Bajo un nuevo protocolo que entra en vigor este lunes 21 de abril, el gobierno dominicano anunció que todos los ciudadanos haitianos que acudan a hospitales públicos recibirán atención médica completa —sin contacto previo con autoridades migratorias—, pero serán entregados a agentes de Migración una vez dados de alta. En caso de estar en condición migratoria irregular, serán deportados.
La medida fue confirmada por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, y el titular de la Dirección General de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, quienes aseguraron que se trata de un esfuerzo por equilibrar el respeto al derecho universal a la salud con la defensa de la soberanía nacional.
“No hay contacto con agentes migratorios hasta que se haya garantizado la recuperación del paciente. Los servicios esenciales están garantizados. Solo después del alta médica interviene el agente migratorio”, explicó Lama.
Supervisión migratoria posthospitalaria
El nuevo esquema contempla excepciones en las que un paciente, tras recibir alta médica, requiera atención continua. En estos casos, el agente migratorio supervisará su permanencia temporal en el centro de salud, hasta que el tratamiento culmine y se pueda proceder con la repatriación.
“Hay garantía de atención en salud para todo ser humano que acuda a nuestros hospitales, siempre respetando la dignidad humana”, reiteró Lama, intentando blindar la medida ante posibles cuestionamientos de la comunidad internacional.
“Liberalidad insostenible”
El anuncio se da en el contexto de una batería de 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para frenar el flujo migratorio desde Haití, país sumido en un colapso institucional y de seguridad.
La disposición número 11 de este plan establece que el personal del SNS deberá solicitar a cada paciente extranjero una identificación válida, carta de trabajo y prueba de domicilio. Además, se implementará una tarifa general por los servicios prestados, un cambio significativo respecto a la práctica histórica de atención universal gratuita.
“Los dominicanos tienen derecho a recibir atención médica sin ser desplazados. No podemos seguir practicando una liberalidad que compromete nuestros recursos”, dijo el mandatario en una alocución a la nación.
Crítica velada a organismos internacionales
Aunque el gobierno insiste en que la atención médica será garantizada “sin excepción”, el nuevo protocolo plantea interrogantes sobre el temor al acceso hospitalario entre migrantes indocumentados, lo que podría derivar en un subregistro de enfermedades, aumento de partos no institucionales y falta de seguimiento médico para enfermedades crónicas o infecciosas.
Organizaciones de derechos humanos, que ya han advertido sobre un aumento en las deportaciones arbitrarias, alertan que esta nueva política puede disuadir a migrantes de acudir a centros de salud por temor a la deportación, poniendo en riesgo no solo sus vidas, sino también la salud pública.
Crisis migratoria en punto de ebullición
La República Dominicana enfrenta uno de los momentos más tensos de su política migratoria reciente. La inestabilidad en Haití ha incrementado la presión sobre las fronteras y los servicios públicos dominicanos, particularmente en salud, educación y vivienda.
Mientras sectores nacionalistas celebran la medida como “necesaria” y “soberana”, críticos insisten en que no se puede legislar la salud como si fuera un privilegio, y advierten que la línea entre seguridad nacional y xenofobia institucional es cada vez más delgada.
