Santo Domingo, República Dominicana – En una revelación exclusiva realizada por el detective Ángel Martínez a La Tora TV, se ha destapado una presunta complicidad entre Miriam Germán, ex Procuradora General de la República, y Antonio Espaillat, propietario de la discoteca Jet Set, en torno al caso que ha conmocionado al país. Según Martínez, la magistrada Miriam Germán “engavetó” el cierre del establecimiento en 2023, a pesar de tener en su poder más de 11 querellas de juntas de vecinos que denunciaban varios problemas graves.
El detective asegura que entre las quejas presentadas se incluyen denuncias sobre contaminación sónica, desorden público, y daños estructurales en las instalaciones del centro nocturno. Las querellas, que apuntaban a fallas en las paredes y techos de la discoteca, fueron acumulándose durante más de un año sin que se tomaran medidas por parte de la Procuraduría General, lo que habría permitido que el establecimiento siguiera operando bajo condiciones peligrosas.
Este silencio por parte de la ex procuradora y su aparente falta de acción ha generado controversia, pues muchas voces en la sociedad cuestionan si existió algún tipo de protección política o económica detrás de la inacción. Las evidencias apuntan a que Miriam Germán y Antonio Espaillat podrían haber mantenido una relación que favoreció la impunidad del caso, permitiendo que se continuara operando sin tomar en cuenta los riesgos para la seguridad pública.
Actualización: Riesgo estructural ignorado
Recientemente, se ha revelado que no solo existían denuncias de ruido y desorden, sino que también había advertencias sobre el riesgo estructural de la discoteca debido a las condiciones precarias del edificio, el cual llevaba más de 60 años de construcción. Fuentes cercanas al caso aseguran que, de haberse tomado medidas de inspección y seguridad, el colapso fatal que resultó en la muerte de varias personas y heridas graves pudo haberse evitado.
El caso Jet Set, ahora bajo escrutinio público, subraya la urgente necesidad de que las autoridades tomen en serio las denuncias ciudadanas, especialmente cuando hay vidas en juego. Las presuntas omisiones y la falta de control sobre un establecimiento con riesgos estructurales evidentes están generando una presión sin precedentes sobre las instituciones del país.
La revelación de esta posible complicidad ha aumentado la presión sobre las autoridades para que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los responsables de la tragedia.
