Santo Domingo. En un contexto internacional marcado por la inacción ante la crisis de Haití, el presidente Luis Abinader ha tomado una postura firme que ha generado reacciones tanto de respaldo como de crítica. Su llamado a que los haitianos indocumentados en República Dominicana “marchen voluntariamente o serán repatriados” refleja una política migratoria más estricta, producto de una situación insostenible en el país vecino.
Un mensaje directo a la comunidad internacional
En su reciente alocución, Abinader arremetió contra la comunidad internacional por su pasividad frente al deterioro de la situación haitiana. Mientras el caos reina en Puerto Príncipe, bandas armadas dominan sectores enteros del país y las instituciones colapsan, la República Dominicana se ve forzada a asumir una carga desproporcionada, sobre todo en el sistema de salud y educación. El mandatario insiste: no puede continuar siendo el único país que paga el precio de una crisis que no ha creado.
Medidas concretas para contener la migración irregular
Dentro de las 15 medidas anunciadas, se destaca el despliegue de 1,500 soldados adicionales en la frontera, la construcción acelerada del muro y la asignación de 750 agentes migratorios en el territorio nacional. Estas acciones buscan evitar el desbordamiento de la violencia haitiana hacia suelo dominicano, protegiendo la soberanía y la seguridad nacional.
Reformas legales y control institucional
El Gobierno también avanza en reformas clave, como la modificación del Código Laboral para sancionar a empleadores que contraten indocumentados. Además, se implementará un protocolo hospitalario que exigirá documentación a los pacientes haitianos y permitirá su repatriación inmediata si no cumplen con los requisitos. Esto, aunque polémico, apunta a regular de manera más efectiva el uso de los servicios públicos.
¿Medidas drásticas o respuesta necesaria?
Las decisiones del presidente Abinader se enmarcan en una realidad compleja. Si bien las medidas pueden parecer drásticas para algunos sectores, responden a un desafío migratorio que amenaza con desbordar los recursos de la nación. En este contexto, el Gobierno dominicano se posiciona como el único actor dispuesto a tomar acciones concretas frente a una emergencia humanitaria y de seguridad que el mundo ha decidido ignorar.
