Santiago, RD. – El bloque de regidores de la Fuerza del Pueblo (FP) en la Alcaldía de Santiago denunció este viernes que durante una reciente sesión del Concejo de Regidores se produjeron múltiples irregularidades, incluyendo la presunta aprobación apresurada de la venta de un solar municipal y una transferencia de fondos, en violación de la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
“No permitiremos que se siga utilizando el Ayuntamiento para negocios opacos que benefician a unos pocos en perjuicio del patrimonio de Santiago”, afirmaron los regidores.
Según denunciaron, la convocatoria a la sesión extraordinaria se realizó sin respetar los plazos legales, lo que impidió el estudio adecuado de los puntos a tratar. Además, aseguraron que la agenda y los documentos de soporte fueron entregados minutos antes del inicio de la sesión, vulnerando el derecho a la información y al análisis previo.
Asimismo, señalaron que la transferencia de fondos se aprobó sin la debida discusión técnica ni financiera, y sin la presentación de los justificativos correspondientes.
Frente a estas denuncias, los regidores de la FP exigen la anulación inmediata de ambas decisiones por contener vicios de forma y de fondo, así como la apertura de una investigación formal por parte de la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público, para establecer responsabilidades legales y administrativas.
Los regidores también demandaron mayor transparencia en las futuras sesiones del Concejo, con convocatorias oportunas y entrega previa de toda la documentación necesaria.
Posibles acciones legales
Advirtieron que, si persiste la falta de transparencia, presentarán recursos administrativos para revocar los acuerdos aprobados, y acudirán al Tribunal Superior Administrativo (TSA). También informaron que evalúan someter una denuncia penal por presunta prevaricación y violación a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
Venta del solar municipal en la mira
Los regidores calificaron como ilegal la venta del solar municipal, ya que, según explicaron, se realizó sin cumplir los requisitos legales, como la publicación previa del proceso en un medio de circulación local ni el anuncio de una subasta pública, mecanismos obligatorios según lo establecido por la Ley 176-07 para garantizar la transparencia y la libre competencia en las operaciones con bienes del Estado.
