Santo Domingo. – Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria del bufete directivo de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, informó a la Comisión de la Cámara de Diputados sobre las consecuencias del allanamiento ejecutado por el Ministerio Público en febrero del 2021. Este allanamiento, llevado a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), derivó en una exhaustiva evaluación interna del personal técnico de auditoría.
Tolentino explicó que, como resultado de esta evaluación, los empleados fueron clasificados en distintas categorías, muchas de las cuales implican temas sensibles. Aseguró que el informe entregado a los diputados incluía directores de unidades internas, personal de la división de calidad e informes, y un apartado que señalaba a servidores que firmaban informes sin opinión, lo que indicaba que hallazgos clave eran omitidos deliberadamente.
La funcionaria también destacó que algunos empleados fueron clasificados según su desempeño y reputación interna, mencionando a un exdirector de auditoría con “deficiencias técnicas muy marcadas” y a otros auditores con diversos perfiles, como auditores financieros, auditores legales y asistentes personales. Algunos de estos empleados fueron desvinculados al inicio de la actual gestión.
Vinculación a irregularidades y cambios en la calidad de vida
Tolentino mencionó que el informe también señalaba a empleados de carrera en edad de pensión y a aquellos que debían ser considerados debido a posibles irregularidades o por observaciones técnicas documentadas por la Procuraduría. Además, reveló que se habló de una persona cuyo cambio de calidad de vida o flujos económicos había sido muy rápido.
Contexto del allanamiento
El allanamiento a la Cámara de Cuentas se realizó en el marco de investigaciones por alteración de auditorías, destrucción de documentos y obstrucción institucional. Tras la intervención, se inició un proceso de evaluación funcional centrado en el personal del área de auditoría, con el fin de depurar y reforzar la integridad y transparencia del organismo.
Este proceso se enmarca en un contexto de lucha contra la corrupción administrativa y busca establecer nuevas normas de control interno para evitar futuros actos irregulares dentro de la institución.
