El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, enfrentó una solicitud de medida de coerción por presunto desacato a una orden del Tribunal Superior Administrativo. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible la demanda, rechazando las acusaciones en su contra.
La acción legal fue impulsada por la exconsejera Ilonka Rossiveris Pérez Ariza, quien lo acusó de abuso de autoridad y atentado contra la libertad personal. No obstante, el Ministerio Público argumentó que las acciones denunciadas no constituyen delitos penales y que no había fundamento para imponer una medida de coerción.
En el trasfondo del caso, se menciona la existencia de 60 demandas de funcionarios y empleados del MIREX que exigen la ejecución de sentencias judiciales a su favor, relacionadas con despidos ocurridos en 2020.
