Por: Leidy Esmeralda
El Gobierno de Brasil notificó a Meta un plazo de 72 horas para explicar los recientes cambios en sus políticas de ‘fact-checking’ y combate a las ‘fake news’, que podrían perjudicar a grupos vulnerables. La información fue confirmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde expresó su preocupación por las implicaciones de estas medidas en el país.
Según Lula, su gabinete se reunió para discutir los anuncios realizados por Mark Zuckerberg, CEO de Meta, quien informó que la empresa abandonará las políticas de verificación de información para implementar un sistema de ‘notas de la comunidad’, similar al modelo utilizado en X. Este enfoque ha sido duramente criticado por expertos, quienes consideran que no es suficiente para controlar la propagación de noticias falsas y contenido de odio en las redes sociales.
En respuesta, el presidente anunció la creación de un grupo de trabajo del gobierno federal, que contará con la colaboración del Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad civil, para monitorear estas medidas. El objetivo, según Lula, es garantizar la libertad de expresión sin comprometer los derechos fundamentales.
“Todas las empresas que operan en el país deben respetar la legislación y jurisdicción brasileña”, enfatizó el mandatario.
Apoyo social a la regulación digital
El ministro jefe de la Procuraduría General de la Unión, Jorge Messias, recordó que, según un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas (IPESPE) encargado por el Observatorio de la Democracia, el 70% de los brasileños está a favor de la regulación de las redes sociales y los servicios de mensajería.
Lula también señaló los riesgos de la falta de control sobre las plataformas digitales, afirmando que estas permiten la impunidad de quienes utilizan el entorno virtual para cometer delitos. “Es como si un ciudadano pudiera ser castigado por algo en la vida real, pero no por hacerlo digitalmente”, afirmó el presidente, calificando las nuevas medidas de Meta como “gravísimas”.
Este movimiento del Gobierno brasileño podría marcar un precedente en la regulación de las grandes empresas tecnológicas en el país, con el fin de proteger a los ciudadanos y evitar la desinformación en el entorno digital.
