Por: Bileidy Medina
Varios grupos y federaciones se reunieron hoy con el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, para denunciar lo que califican como una “cacería de brujas” por parte del Ministerio de Interior y Policía y la ministra Faride Raful. Alegan que durante las festividades, la reducción de horarios y el decomiso de bocinas les causaron pérdidas económicas significativas, dejando mercancías sin vender en una época que antes era rentable para sus negocios.
Según los denunciantes, la Policía utiliza la fuerza para incautar los equipos sin dejar documentos que notifiquen el procedimiento, lo que genera incertidumbre sobre el paradero de las bocinas, muchas de las cuales son costosas y nunca son devueltas. Este proceder ha incrementado la desconfianza y el descontento entre los comerciantes.
Los afectados esperan que las autoridades lleguen a un acuerdo para resolver la situación de manera justa, asegurando que se respeten los derechos de los negocios y se busquen alternativas que no perjudiquen sus ingresos en futuras festividades.
