Diversos diputados de distintas bancadas expresaron este lunes su apoyo a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la Ley 1-24, que creó la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al considerarla «no conforme con la Constitución».
Ramón Raposo, diputado nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), manifestó que desde su inicio, la ley parecía inconstitucional debido a que violaba los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente los de los periodistas. “El principal problema con ese proyecto era que vulneraba los derechos fundamentales de los ciudadanos, permitiendo que organismos del Estado se inmiscuyeran en la vida privada de las personas sin una orden judicial expresa, y obligaba a los periodistas a revelar sus fuentes bajo amenaza de ser penalizados”, afirmó Raposo.
Por su parte, el legislador oficialista Ignacio Aracena destacó que la resolución del TC debe ser acatada, y señaló que el Congreso debe replantear el procedimiento utilizado para la aprobación de la ley. “Debemos acoger esta resolución y valorar el trabajo que ha hecho el Tribunal Constitucional”, dijo Aracena, quien agregó que esta acción del tribunal es parte del proceso democrático en el que se deben seguir los procedimientos establecidos.
Alcibíades Tavárez, diputado de la Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia de San Pedro de Macorís, instó a sus colegas a reflexionar sobre la importancia de revisar con detenimiento los proyectos de ley antes de su aprobación, ya que una ley mal redactada puede afectar gravemente los derechos de los ciudadanos. “Tenemos que verificar con lupa los proyectos de ley, porque cualquier ley que se apruebe puede tener un impacto directo en los derechos de la gente”, subrayó Tavárez.
El diputado Rafael Augusto Castillo también celebró la sentencia del TC, destacando que era necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la sociedad. “Para que la sociedad tuviera un mejor desenvolvimiento, era indispensable que se emitiera una sentencia como esta”, agregó Castillo.
La anulación de la Ley 1-24 fue avalada por el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia TC/0767/24, tras acoger la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los partidos Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y PRD. El tribunal determinó que la ley debe ser excluida del ordenamiento jurídico dominicano, destacando la protección de los derechos fundamentales y la necesidad de un marco legal acorde con la Constitución.
