Los 2.700 millones de pesos dilapidados de forma irresponsable por Bartolome Pujals en alquiler de locales comerciales constituye el más bochornoso acto de desprecio e irrespeto a las buenas prácticas desde el Estado.
Este escándalo que ha explotado en la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, mejor conocida como Ogtic le costara muy caro al gobierno, por lo que recomendamos que este caso sea enviado al Ministerio Publico para que sea judicializado y se establezcan las sanciones de lugar.
Claro esta que el presidente de la república Luis Abinader no es responsable de los delitos que cometen sus funcionarios y no puede, ni debe cargar con sus culpas.
Los alquileres van desde 146.5 millones en Santiago, 223 millones en Santo Domingo Oeste, 287 millones en San Cristóbal, 296 millones en Punta Cana, 309 millones en Santo Domingo Norte, sumando así 1,200 millones de pesos, y hay mas.
No son solo los alquileres, Bartolome Pujals ha gastado millones de pesos en servicios de catering, con finos vinos y comida gourmet para disfrutarlo al más alto nivel junto a su corte.
Pero lo mas triste de todo esto es que ya han aparecido sus defensores desde el gobierno.
El contralor general de la República, Félix Antonio Santana y el vicepresidente Ejecutivo de AFI Reservas, Ian Alberto Rondón han defendido los acuerdos de alquiler diciendo que el proceso estuvo totalmente alineado a la nueva normativa.
Esa defensa decidida y sin reservas mueve a sospechas y sorprende a los dominicanos.
¿Amigos, socios o cómplices?
Ahora nos toca preguntar, ¿y quién le pone el cascabel al gato?
